EN FORO SE ANALIZÓ REFORMAS A LEY DE COMUNICACIÓN DESDE LA PROPUESTA DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS.

El legislador Elio Peña, expuso sobre las Reformas a Ley de Comunicación desde la propuesta de los medios comunitarios, en el  Foro Pluralidad de Voces para la Libertad de Expresión.

Quito.- El asambleísta Elio Peña, participó junto al Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades, en el foro Pluralidad de Voces para la Libertad de Expresión , donde se trató sobre las reformas  planteadas  en la  Ley de Comunicación, enfatizando en la propuesta de las organizaciones sociales y medios comunitarios, quienes propusieron modificaciones a ese marco legal y en donde el legislador de Zamora Chinchipe, pide que se respeten los derechos de los pueblos y nacionalidades.

Según se informó desde la Comisión legislativa que trata las reformas a la Ley de Comunicación, que se ha trabajado durante dos meses, tiempo en el que se  avanzó en el debate de 80 artículos aprobados, de los 140 que actualmente tiene la ley. Se prevé que el informe para primer debate esté listo en la primera semana de septiembre, en donde se tomarán en cuenta las observaciones de los asambleístas, indicando también que hay más de 500 diferentes  grupos y gremios  de comunicación que también han pedido cambios.

El académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, Mauro Cerbino, reprochó la postura de los medios de comunicación privados, porque considera que no son los garantes de una adecuada y libre expresión, dijo que se requiere una ley de comunicación en un país como Ecuador, es el hecho de que el Estado tiene un doble rol pero que no lo ejerce, por lo que se  rever ese paisaje mediático históricamente ocupado por el sector privado que hizo de un bien común, como el espectro radioeléctrico que lo han tomado como un negocio.

En representación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Apauqui Castro, instó a tener una comunicación que cuide los intereses y derechos de los pueblos ancestrales y propuso una asignación directa de frecuencias para medios comunitarios de los pueblos y nacionalidades, la creación de un fondo  de fomento para medios comunitarios y mantener la distribución del  34 % del espectro electrónico para medios comunitarios y que se retome el concursos de frecuencias para medios comunitarios cuando las comunidades y organizaciones los requieran.

LEGISLADOR PIDE A CONTRALOR DE LA NACIÓN VISITAR AL PROYECTO MINERO MIRADOR.

Ante el incumplimiento a la normativa ambiental y la seguridad laboral en el proyecto minero Mirador, se exige visita del Contralor Pablo Celi.

Quito.- El asambleísta de Zamora Chinchipe, Elio Peña, presentó formalmente el pedido para que Pablo Celi, Contralor General de la Nación, visite el proyecto minero Mirador que se ubica en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, tal como lo anunció esta autoridad el 25 de enero del presente año, proveyéndose esta inspección el 20 de abril, misma que fue suspendida y que hasta la actualidad no se concreta.

El legislador indicó que este proyecto minero ha violado claramente la normativa ambiental, pues existen terribles daños a esta zona mega biodiversa, contaminación a fuentes de agua, depredación a la naturaleza, desalojos forzados de la población y desaparición de la comunidad indígena de la zona; en cuanto a la seguridad laboral existen serias anomalías, como trabajadores fallecidos, otros con serias lesiones, malos tratos, incumplimiento en el pago de remuneraciones y explotación laboral, por lo que urge a visita del Contralor General, aseguró.

La evaluación en situ de la problemática existente por parte del Contralor, podrá ser determinante en las acciones de control que realice esta institución, lo que permitiría realizar un examen especial iniciando con los procesos de concesión desde donde no se respetó los procedimientos constitucionales como la consulta previa; Peña indicó que existe preocupación de que se contaminen 227 nacimientos y fuentes de agua que hay en la zona de influencia minera, según informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), organismo que tomó esta cifra de un informe del año 2012 de la Contraloría General del Estado.

"La Contraloría ya tiene antecedentes de lo perjudicial que es para el medio ambiente la ejecución de este proyecto, existe un silencio sepulcral, son 6 años que tienen en su poder este informe y no se ha hecho nada, se debe actuar ahora, con decisión y con firmeza, se ha entregado un territorio que fue defendido heroicamente con la sangre de nuestros gloriosos soldados, la Cordillera del Cóndor que ayer llenó de gloria a nuestro país y que en un solo puño la defendimos, hoy está siendo destruida por la voraz ambición de quienes han regalado nuestra riqueza a empresas extranjeras", por lo que el legislador zamorano chinchipense, exige la vista del Contralor General de la Nación.

ASAMBLEA RATIFICÓ DEFENSA DE LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD.

Esta resolución obedece a la sentencia dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, la misma que ha suscitado conmoción social al interpretarse como un intento de restringir la libertad de los padres para elegir la educación a favor de sus hijos.

Quito.- En el pleno de la Asamblea Nacional, con 70 votos a favor, los legisladores ratificaron la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, tal como se define en el artículo 67 de la Constitución y se exigió la defensa del derecho humano de los padres y madres a la libertad para criar y educar a sus hijos, de acuerdo con sus principios, creencias y opciones pedagógicas, como lo garantiza la Constitución de la Nación, indicó el asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe, Elio Peña Ontaneda.

Esta resolución hace especial énfasis al artículo 26, numeral 3 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, respetando la potestad del Estado para intervenir en casos concretos de violaciones de derechos, como situaciones de violencia intrafamiliar, y trabajar en la prevención del embarazo adolescente, por lo que el Legislativo exhortó a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público, en todas las funciones y niveles del Estado, a cumplir con su más alto deber, que es el respeto a los derechos garantizados en la Constitución.

Esta postura que asumió la legislatura ecuatoriana, ratifica los derechos de los adolescentes y garantiza el acceso a la información, educación y capacitación sobre su sexualidad, garantizando el derecho de los padres y madres previsto en el artículo 29 de la Carta Suprema, así mismo, exhortó a todos los órganos de poder público a respetar de forma integral los derechos y obligaciones que corresponden a la edad de los niños, niñas y adolescentes, que prevalece sobre los demás, en concordancia con el principio de corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, respetando su interés superior y el derecho de las familias de poder elegir la educación para sus hijos.

Esta resolución obedece a la sentencia dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, la misma que ha suscitado conmoción social al interpretarse como un intento de restringir la libertad de los padres para elegir la educación a favor de sus hijos, derecho humano garantizado en la Constitución, indicando que en el párrafo 87, dicha sentencia se reconoce el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de decidir libre, responsable e informadamente procrear o no, cuándo y con qué frecuencia, es un derecho que corresponde ejercer directamente a las y los adolescentes, es decir, a menores entre 12 y 18 años de edad, equivocadamente, aseguró el legislador.

SE DEBE ENCONTRAR RESPONSABLES EN SOBREPRECIO DE 700% EN CONSTRUCCIÓN DE TRAMO I DEL IV EJE VIAL.

El primer tramo del IV Eje Vial comprendido entre Vilcabamba, Bellavista, fue adjudicado en USD 18,9 millones y se terminó pagando 140 millones de dólares por esta obra inconclusa, denunció ante la Contraloría General del Estado, el legislador Elio Peña.

Quito.- En rueda de prensa el legislador de Zamora Chinchipe, Elio Peña, informó que presentó la solicitud a la Contraloría General del Estado, para que se informe públicamente si existen responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal a las recomendaciones de la Auditoría de Gestión del Periodo 2008, 2011 al tramo I del IV Eje Vial, así como solicitar formalmente a esta entidad de control del Estado e informar sobre las acciones legales a tomarse sobre esta intervención.

Cuando se inició la construcción del tramo Vilcabamba, Bellavista, en diciembre del 2008, el Ministerio de Transporte adjudicó el contrato por USD 18,9 millones y debía concluir en marzo del 2015. En la actualidad, la obra está inconclusa y abandonada y la inversión asciende a 140 millones de dólares, incluyéndose la fiscalización de la terminación por mutuo acuerdo entre el MTOP y la empresa contratista de los inicios de la construcción del segundo tramo en el año 2011, por lo que el asambleísta Peña Ontaneda, solicita al Contralor General del Estado, respuestas inmediatas.  

El tramo del Cuarto Eje Vial Vilcabamba, Palanda, Bellavista, Zumba, La Balsa, que conecta el sur del Ecuador con el norte de Perú y fue uno de los compromisos asumidos por ambos países cuando firmaron la paz en 1998. Del lado peruano, la carretera de asfalto llega hasta el puente internacional La Balsa. En el lado ecuatoriano está pendiente la construcción del segundo tramos, los puentes y alcantarillas para el encauzamiento de quebradas; lo que ha generado retraso en el desarrollo de las poblaciones de la zona. 

De acuerdo  con lo que manifiesta el asambleísta, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya informó a la opinión pública sobre el aumento de más del 700% en el costo inicial de este tramo de 101,79 kilómetros, en el que se dio por cambios en el diseño, variación de rubros y estudios complementarios, entre otros. Inicialmente, se preveía usar asfalto y que la calzada tuviera 7,20 metros de ancho. Luego se cambió por hormigón y se incrementó a 9,20 metros. Este proyecto fue una de las 640 obras contratadas en el Régimen anterior y que fueron cuestionadas por el actual Gobierno por la diferencia de precios.

René Yandún, jefe del Bloque de Integración Nacional, indicó que estos actos de corrupción deben ser investigados, si los fondos de la paz no fueron invertidos adecuadamente debemos exigir a la Contraloría se esclarezca como fueron empleados esos recursos y si hubo perjuicio al estado, se actúe inmediatamente; el legislador Peña, hizo la entrega de su petición en las oficinas de la Contraloría General del Estado y aseguró que espera reunirse con el Contralor General, Pablo Celi, para tratar sobre este tema, que ha decir de la opinión ciudadana sería uno de los actos de corrupción más grandes del sur del país.