Este domingo 04 de octubre, los Asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político conocieron, debatieron y aprobaron el informe del proceso de sustanciación del juicio político establecido en contra de Christian Cruz, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Luego del proceso de análisis y valoración de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación del juicio político, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político llegaron a las siguientes conclusiones:
• El presidente del CPCCS, señor Christian Cruz, durante el ejercicio de su cargo, incumplió con sus funciones, al expedir reglamentos que, de acuerdo al art. 38, numeral 9, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponden al Pleno del Consejo; configurándose así, la causal para que proceda el enjuiciamiento político del mencionado funcionario.
Adicionalmente, los comisionados resolvieron que el respectivo informe sea remitido, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine, mediante un examen especial, sobre las posibles implicaciones administrativas y económicas, de haber emitido dichos reglamentos.
• Luego de conocer la información presentada por los comparecientes, sobre todo la realizada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y de la documentación entregada por ella sobre el proceso de impugnación que recibió el Sr. Christian Cruz, en el Concurso de Oposición y Méritos del 2009 (para la integración del CPCCS) el pleno de la Comisión consideró que existe falta de probidad para ejercer el cargo de Presidente del CPCCS.
• Sobre la causal de presunta obtención irregular del carnet de discapacidad, los comisionados resolvieron solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional, remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el SRI, a fin de aportar a los procesos de investigación en curso o que pudieran iniciarse.
Finalmente, el pleno de la Comisión de Fiscalización resolvió Remitir el expediente al CONADIS y a la Comisión que esté tratando la Reforma a la Ley de discapacidades, a fin de que se incluya un articulado con el siguiente contenido: “La autoridad sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.”
Con este resultado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proceso será trasladado al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para que sus miembros, en función del contenido del informe y sobre la base del trabajo realizado por los miembros de la Comisión, decidan sobre la censura o no del mencionado funcionario.
