COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN APRUEBA INFORME RECOMENDANDO EL ENJUICIAMIENTO POLÍTICO A PRESIDENTE DEL CPCCS.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional presidida por el asambleísta Elio Peña, aprobó el informe de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Este domingo 04 de octubre, los Asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político conocieron, debatieron y aprobaron el informe del proceso de sustanciación del juicio político establecido en contra de Christian Cruz, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Luego del proceso de análisis y valoración de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación del juicio político, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político llegaron a las siguientes conclusiones:

• El presidente del CPCCS, señor Christian Cruz, durante el ejercicio de su cargo, incumplió con sus funciones, al expedir reglamentos que, de acuerdo al art. 38, numeral 9, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponden al Pleno del Consejo; configurándose así, la causal para que proceda el enjuiciamiento político del mencionado funcionario. 

 

Adicionalmente, los comisionados resolvieron que el respectivo informe sea remitido, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine, mediante un examen especial, sobre las posibles implicaciones administrativas y económicas, de haber emitido dichos reglamentos. 

 

• Luego de conocer la información presentada por los comparecientes, sobre todo la realizada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y de la documentación entregada por ella sobre el proceso de impugnación que recibió el Sr. Christian Cruz, en el Concurso de Oposición y Méritos del 2009 (para la integración del CPCCS) el pleno de la Comisión consideró que existe falta de probidad para ejercer el cargo de Presidente del CPCCS. 

 

• Sobre la causal de presunta obtención irregular del carnet de discapacidad, los comisionados resolvieron solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional, remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el SRI, a fin de aportar a los procesos de investigación en curso o que pudieran iniciarse. 

 

Finalmente, el pleno de la Comisión de Fiscalización resolvió Remitir el expediente al CONADIS y a la Comisión que esté tratando la Reforma a la Ley de discapacidades, a fin de que se incluya un articulado con el siguiente contenido: “La autoridad sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.” 

 

Con este resultado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proceso será trasladado al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para que sus miembros, en función del contenido del informe y sobre la base del trabajo realizado por los miembros de la Comisión, decidan sobre la censura o no del mencionado funcionario. 

CONCLUYE ETAPA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS EN EL TRÁMITE DE JUICIO POLÍTICO A CHRISTIAN CRUZ.

Luego de la presentación de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Comisión de Fiscalización cerró, este martes 29 de septiembre, la etapa de recepción de pruebas de cargo, descargo y de oficio, en el marco de la sustanciación del juicio político a Christian Cruz, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), planteado por el legislador Henry Kronfle.

Ahora, la mesa, presidida por el asambleísta Elio Peña, se dedicará a valorar dichas pruebas y preparar un informe que detalle, motivadamente, las razones por la cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político, en cumplimiento del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Comparecencia de Atamaint

En primer término, Diana Atamaint explicó que Christan Cruz se postuló el 28 de octubre de 2009 para el concurso de oposición y méritos orientado a integrar el Consejo de Participación, que se cumplió en el período 2009-2010, para cuyo efecto presentó el carné de discapacidad otorgado por el Conadis, obteniendo dos puntos adicionales por esa condición, dentro de las acciones afirmativas.

Indicó que fue impugnado por Ana Campaña Sandoval y Diego Morales, en torno de la veracidad de la documentación para calificar méritos firmados por la Organización Continental, Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). El Pleno del CNE, liderado por Omar Simon, aceptó a trámite la objeción y resolvió descalificar la postulación de Cruz, con fecha 12 de marzo de 2010.

Expresó que participó, por segunda ocasión, en el proceso de elección de miembros del Cpccs, en 2018, que se daría por voto popular. El CNE Transitorio lo calificó e inscribió como candidato, en base del informe de la Comisión Verificadora que analizó el cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades legales y constitucionales.

Wilson Freire Castro impugnó esa postulación, debido a la existencia de una supuesta responsabilidad administrativa culposa, misma que fue negada al verificar el certificado de la Contraloría General del Estado sobre la no existencia de responsabilidades, aclaró, al señalar que conoce que el tema, incluso, llegó a la Fiscalía, donde también se desestimó.

Observaciones

Los parlamentarios insistieron en la legalidad y legitimidad de la actuación de la Comisión de Fiscalización. José Serrano dijo que la actitud prepotente y amenazante con la que ejerció su defensa Christian Cruz, no amedentrará el trabajo del organismo.

Noralma Zambrano, Esteban Melo, Dennis Marín y Jaime Olivo consideraron que si Cruz, en una primera ocasión, fue descalificado por falta de probidad, este principio no perscribe y eso se debió tomar en cuenta para la segunda postulación.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN CONOCIÓ PRUEBAS DE OFICIO EN PROCESO DE JUICIO POLÍTICO A CHRISTIAN Cruz.

Como parte de las pruebas de oficio, en el marco del procesamiento del juicio político a Christian Cruz, la Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, receptó las versiones de la consejera María Fernanda Rivadeneira, del Consejo Nacional Electoral, Automóvil Club del Ecuador (Aneta), Fundación Vista para Todos y Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).

María Rivadeneira, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), responsabilizó a Cruz de incumplimiento y arrogación de funciones, además de falta de probidad. Dijo que el 10 de octubre 2019 expidió dos reglamentos: de administración y control de parque automotor; y, de autorización, cálculo y pago de viáticos para movilización de funcionarios, lo que es competencia expresa del Pleno de la institución. Dichas disposiciones las anuló el 5 de diciembre, luego de 55 días de su vigencia, agregó.

También, indicó que el Presidente de la República, con fecha 4 de octubre de 2019, remitió la terna para la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, la cual el titular del Cpccs ocultó por ochos meses. Habló de irregularidades en la obtención del carné de discapacidad y de negarse, por varias ocasiones, en 2010, al requerimiento del Conadis de someterse a la evaluación y recalificación. Precisó que estas denuncias les ha puesto a consideración de la Fiscalía.

A criterio de Rivadeneira, este carné lo ha utilizado para la exoneración de impuestos y la adquisición de un vehículo de alta gama, entre otros beneficios. Pidió que la Asamblea censure y destituya a Christian Cruz.

Los comisionados se pronunciaron por cuantificar los supuestos perjuicios al Estado como consecuencia jurídica de la aplicación de los citados reglamentos internos y conocer si la Contraloría ha efectuado auditorías al respecto. Rechazaron las observaciones de Cruz a la legítima conformación de la actual Comisión de Fiscalización.

Malestar y nueva comparecencia

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no acudió a la mesa y se limitó a enviar un oficio de excusa, en el que puso de manifiesto que el concurso público de méritos y oposición para la integración del Consejo de Participación se dio entre 2009 y 2010, cuando dirigía el organismo Omar Simon.

Los parlamentarios calificaron este hecho como un despropósito e inaceptable, por lo que resolvieron, con 8 votos a favor, que la comparecencia de Atamaint sea este martes 29 de septiembre.

Examen psicosensométrico

Entre tanto, Gorki Obando, gerente General de Automóvil Club del Ecuador (Aneta), informó que el 2 de agosto de 2016, el ciudadano Christian Cruz rindió y pasó el examen psicosensométrico, que responde a parámetros internacionales, demostrando que estaba en perfectas condiciones para la renovación de la licencia profesional tipo E.

Descartó que se pueden adulterar o manipular los resultados de la evaluación sobre elementos de visión, audición, coordinación y reflejos. Una persona con discapacidad del 81 % sería imposible que pueda manejar un vehículo, más aún de transportación pesada, agregó.

Certificado

A su vez, Diego Benítez, principal de la Fundación Vista para Todos, aclaró que el 27 de octubre de 2009, a Christian Cruz se le entregó un certificado de un examen optométrico respecto de las medidas de su visión; la calificación y asignación del carné de discapacidad era responsabilidad del Conadis, que ahora lo ejecuta el Ministerio de Salud. En todo caso, aseveró que las medidas no eran altas como para obtener un carné de esa magnitud.

Conadis

Por último, Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), manifestó que la entidad colabora con la investigación que lleva adelante la Fiscalía, en torno de la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, en esa línea se ha hecho llegar la documentación especifica sobre Christian Cruz, pero hay que respetar la debida reserva de la etapa de indagación previa, acotó.  

Enfatizó que Cruz desoyó los llamados a la recalificación de su carné por parte del Conadis. Sin embargo, hay que esperar que cumpla con su decisión voluntaria de sujetarse a este proceso en el Ministerio de Salud, puntualizó.

Reconoció que en 2009 no se contaba con equipos especializados para la evaluación y calificación de personas con discapacidad, especialmente audiometrías, por lo que se apoyaba en el trabajo de entidades no gubernamentales, como fundaciones.

COMISIÓN DE JUSTICIA TRATA JUICIO POLÍTICO CONTRA PRESIDENTE DE CPCCS.

El presidente de la nueva Comisión de Fiscalización, Elio Peña, convocó para este jueves 17 de septiembre, a las 16h00, a una sesión virtual, en la que se aprobará el cronograma de trabajo para el tratamiento del juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Cristian Antonio Cruz Larrea, presentado por el asambleísta Henry Kronfle, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El parlamentario acusa al titular de CPCCS de incumplimiento de funciones, por la presunta irregularidad en la obtención del carné de discapacidad, razón por la cual plantea la censura y en consecuencia la destitución del cargo.

Kronfle considera que “es sospechoso” que Cruz, con una discapacidad del 81 % visual y auditiva, cumpliera con la prueba para el concurso público de oposición y méritos para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, esto expone una presunta irregularidad en la emisión de los certificados presentados como parte del expediente del funcionario para favorecerse en el concurso, dijo.

Cabe indicar que el proceso de juicio político contra Cruz, fue calificado el 8 de septiembre de 2020 por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras la solicitud de interpelación presentada el 11 de agosto por el asambleísta Henry Kronfle. El domingo 13 de septiembre, la excomisión de Fiscalización avocó conocimiento y calificó la solicitud.

Fuente: Asamblea Nacional.

PRESENTAN DEMANDA PARA PRECAUTELAR DERECHOS DE SALUD DE CANTONES FRONTERIZOS.

El Legislador Elio Peña y representantes de organizaciones sociales presentan demanda en defensa del distrito de Salud de Paquisha, Centinela del Cóndor y Nangaritza.

Zumbi, Zamora Chinchipe.- El asambleísta de Zamora Chinchipe, Elio Peña, junto a representantes de organizaciones sociales y autoridades de elección popular, presentaron ante Juez titular de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Centinela del Cóndor, y por ende en funciones de Juez Constitucional, una demanda para precautelar los derechos de la salud consagrados en la Constitución, esto en cuanto el Ministerio de Salud pretende desaparecer el Distrito de Salud 19D02 Paquisha, Centinela del Cóndor, Nangaritza. 

A esta demanda se sumaron los dirigentes de los pueblos y nacionalidades de la Provincia de Zamora Chinchipe, Freddy Armijos Alcalde del Cantón Nangaritza con un Amicus Curiae. El objetivo de la demanda es precautelar y defender la gestión administrativa y financiera de este Distrito que administra la salud de esta importa área fronteriza, en donde habitan miles de ciudadanos que hacen fronteras vivas y son los guardianes de nuestra heredad territorial.

El legislador Peña, junto a los representantes de las organizaciones exigen que no se reduzca a una oficina técnica como pretenden, con lo cual se estaría vulnerando el derecho a la salud de los habitantes de esta importante jurisdicción. Por lo que indicó que “la gestión articulada que hemos emprendido no quedará allí, seguiremos insistiendo al gobierno a que se haga justicia con este sector fronterizo de la patria y no permitiremos ningún tipo de discriminación. Mi reconocimiento a las autoridades y a la ciudadanía que se ha sumado a este justo reclamo, y a la vez exhorto al resto de autoridades a sumarse a esta exigencia”, aseguró.

Además se conoció que el representante ante la Asamblea Nacional por el Movimiento Pachakutik de Zamora Chinchipe, el pasado 28 de Julio del presente año, ya presentó una acción de protección en contra del acuerdo ministerial 00019-2020 de 5 de junio 2020 emitido por el Ministerio de Salud, con el cual afecta gravemente la gestión administrativa y financiera del Distrito de Salud 19D02 Paquisha, Centinela del Cóndor, Nangaritza, violentando y vulnerando el derecho a la salud de pueblos, nacionalidades y comunidades de estos tres cantones fronterizos.

ELIO PEÑA EXIGE AL MINISTRO DE SALUD RESPETAR DISTRITOS DE SALUD.

El legislador de Zamora Chinchipe muestra su preocupación por la eliminación de distritos de salud, enfatizando en el del cantón Paquisha, zona aurífera que necesita mayor atención. 

Quito.- El pasado 8 de julio del presente año, el Asambleísta Elio Peña Ontaneda, representante de Zamora Chinchipe, envió una comunicación dirigida al Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Cevallos López, solicitando se revea el acto administrativo con el que se pretende eliminar el Distrito de Salud Pública No. 19D02, cuya matriz está en la ciudad de Paquisha y atiende a los cantones de Paquisha, Centinela del Cóndor y Nangaritza, la misma que el Ministerio de Salud Pública pretende convertirla en una simple oficina técnica.

Elio Peña, dijo que no es suficiente tomar decisiones desde el escritorio, es imperante hacer un análisis legal tomando en cuenta la Ley de Frontera y sobre todo la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica que le da derechos especiales a los cantones amazónicos y fronterizos. Pero sobretodo que se debe recordar que fueron estos ciudadanos valientes los que desde siempre hacen fronteras vivas y cuidan por la integridad territorial, incluso sacrificando sus vidas como ocurrió en el conflicto armado de 1981, cuando por primera vez logramos vencer al enemigo del sur, cambiando así la historia nacional y levantando la autoestima de todos los ecuatorianos. No es correcto que ahora, a las cuatro décadas de esa gesta histórica, las autoridades estatales le den la espalda a estos pueblos que han dado gloria a todos los ecuatorianos.

El legislador Peña dijo que no solo se debe mantener el Distrito 19D02 de Paquisha – Centinela Del Cóndor – Nangaritza, sino que además se debe mantener esas entidades a nivel nacional, así mismo indicó que se deben dar un mejor equipamiento e insumos de bioseguridad, garantizar un buen equipo médico y talento humano en general, más  aún cuando en este sector de historia y leyenda del Ecuador se encuentra una de las zonas auríferas más grandes del país, como es Fruta del norte, calificado así por el mismo gobierno nacional. 

Finalmente el representante de Zamora Chinchipe ante la Asamblea Nacional, fue enfático en señalar que de no tener una respuesta positiva a este justo pedido de los ciudadanos de estos tres cantones del sur de la patria, no descarta en llamar a la Asamblea Nacional al Ministro Juan Carlos Cevallos, para que desde allí explique a los zamoranos chinchipenses y particularmente a los cantones antes señalados, las razones para bajar de categoría a este puesto de salud, que tanto sacrificio le ha costado a los ciudadanos de esta jurisdicción para conseguirlo.

ELIO PEÑA EXIGE AL GOBIERNO NACIONAL QUE NO SE CIERREN LOS INFOCENTROS DEL PAÍS.

Cierre de Infocentros dejará sin trabajo a 1.100 servidores públicos y sin servicio de internet a más de 4.2 millones de beneficiarios que habitan en las 750 parroquias perjudicadas.

Zamora.- Ante la pretensión de cerrar 750 Infocentros que sirven a igual número de parroquias en todo el país, el asambleísta de Zamora Chinchipe, Elio Peña, ha solicitado actuar inmediatamente al Grupo Parlamentario Fronterizo de la Asamblea Nacional, al que pertenece, así como a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y a los principales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, a rever esta disposición del Gobierno Nacional que atenta contra el sector rural del país.

Según se informó el Ministerio de Telecomunicaciones ha procedido a realizar las gestiones para efectuar la terminación por mutuo acuerdo el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINTEL, y CNT EP, anunciándose mantener la provisión de los servicios a la Red de Infocentros, solamente hasta el 15 de abril de 2020 y proceder a firmar el acta de terminación de mutuo acuerdo del convenio antes referido, acogiéndose a la “austeridad” anunciada por el Gobierno Nacional, lo que dejará sin trabajo a 1.100 servidores públicos y sin servicio de internet a un aproximado de 4.2 millones de beneficiarios que habitan en las 750 parroquias perjudicadas.

Para el legislador Elio Peña, esto evidencia la clara intención del MINTEL, de dejar sin el servicio de conectividad digital a las zonas más relegadas y castigadas por el centralismo, a pretexto de la crisis general que estamos atravesando, sin tomar en cuenta que hoy mismo el servicio de la conectividad digital es un factor de mucha importancia para solventar múltiples necesidades desde cada espacio en que las familias desarrollan sus actividades, entre ellas la educación, denunció.

“Hoy cuando el Gobierno, habla de teletrabajo, de telemedicina de educación virtual, se quiere cerrar estos lugares que se han convertido en un espacio para realizar trámites y acceder a servicios en línea, se pretende dejar sin internet a 5.000 escuelas rurales, con esto le estamos quitando el derecho el acceso a la tecnología al sector rural, hoy cuando estamos viviendo la necesidad de dar una vida digna a quienes dotan de alimentos sanos y frescos a las ciudades, así es como pretendemos pagar ese sacrificio”, indicó el asambleísta Peña, quien además solicitó a los representantes de AME y CONAGOPARE a unirse y no permitir que se de este retroceso en las telecomunicaciones del país.

PACHAKUTIK PRESENTA UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS

El bloque de legisladores del Pachakutik, mantuvieron esta mañana, una reunión virtual de trabajo, con la participaron de varios dirigentes de las organizaciones sociales, indígenas y más sectores de la sociedad civil, a fin de hacer una propuesta conjunta ante el país, frente a la emergencia que vive el Ecuador provocado por el COVID19. 

La propuesta exhorta al gobierno nacional a suspender temporalmente el pago de la deuda externa, que para este mes sería de alrededor de 1300 millones de dólares y que esos recursos sean destinados de manera inmediata a la compra de medicamentos, materiales, equipos e insumos para la protección integral de los médicos, enfermeras y más personal dedicado al apoyo de la actual emergencia.

Los asambleístas plantean que parte de esos recursos sean transferidos inmediatamente a los gobiernos autónomos descentralizados, como forma de pago de la deuda que el estado central mantiene con los diferentes niveles de gobiernos descentralizados, a fin de que estos tengan la disponibilidad financiera y puedan enfrentar la emergencia en sus respectivos territorios. Coordinando con las comunidades indígenas y campesinas el trasporte de alimentos para abastecer  a las ciudades, dijeron.

El bloque de Pachakutik también advirtió al ejecutivo que estarán vigilantes del buen manejo de estos fondos y que de ninguna manera permitirán que se repitan hechos de corrupción como el desvío de fondos como habría ocurrido en la supuesta reconstrucción de Manabí y Esmeraldas después terremoto en el 2016.

Los asambleístas del movimiento del arco iris también exhortan al ejecutivo enviar una ley urgente en materia económica en defensa de la vida, la salud, la producción y el empleo en tiempos de pandemia del COVID19.

Ley que incluya la posibilidad de la apertura de líneas de crédito de la banca pública y privada, a intereses bajos en favor de los sectores productivos; sobre todo pequeños, medianos y comunitarios. Que disponga a la banca pública y privada, así como las cooperativas de ahorro y crédito suspendan temporalmente el cobro de intereses y mora en los créditos productivos, de servicios, adquisición de vivienda de hasta 150 mil dólares. Insisten también en que se revisen los contratos petroleros en lo que tiene que ver con los precios por la prestación de servicios para la producción petrolera, así como la eliminación de la intermediación en la comercialización. 

Finalmente el Pachakutik exhorta al ejecutivo que se disponga la prohibición de despidos de los trabajadores en el sector público y privado. No se puede utilizar la pandemia para justificar despidos. Quienes incurran en este acto están yendo en contra de los derechos humanos y deberán ser sancionados con multas del valor del daño causado al trabajador despedido, enfatizaron los legisladores. Quienes esperan que estas propuestas sean acogidas en incluidas en las resoluciones que adopte mañana la Asamblea Nacional.

Comisión de Comunicación – Bloque Pachakutik.