Elio Peña, asambleísta de
Zamora Chinchipe, apoya postura de organizaciones sociales y pueblos y
nacionalidades, ante tibieza en preguntas ambientales que propone el Gobierno
para Consulta Popular.
Quito.- Las
preguntas para la Consulta Popular presentadas por el Presidente de la
República, constituyen un paño tibio para una enfermedad estructural de nuestro
país, porque no plantean soluciones a los problemas fundamentales y a las
propuestas que presentaron el Movimiento de Unidad Plurinacional PACHAKUTIK,
MUPP; la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE; el
Bloque de Asambleístas del MUPP, de la Asamblea Nacional; y, diversas organizaciones
sociales en todo el país.
El tema
se centra en la disputa política del actual gobierno contra su antecesor, en
una pugna por el control de las instituciones como constan en la segunda y
tercera pregunta, reduciendo el problema al “principio de alternabilidad”, en
lugar de derogar todas las enmiendas como fue el gran consenso nacional.
El centro
de la consulta radica en el cambio de los miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social y las autoridades de los organismos de control que
fueron designados por este organismo; ahora, el problema que crea dudas al
país, es: ¿Cómo se elegirá al Consejo Transitorio?.
Para los
pueblos y nacionalidades indígenas, los movimientos y organizaciones sociales
afines, el problema más grave se encuentra en la pregunta cinco, ya que se
ratifica la política extractivista con una pregunta engañosa, nuestro
planteamiento fue que: “Se prohíba actividades extractivas y explotación
forestal, en áreas protegidas, zonas intangibles, fuentes y nacientes de agua,
ecosistemas frágiles y territorios ancestrales, eliminándose el artículo 407 de
la constitución”; es decir, enfrentar el modelo extractivista y defender la
biodiversidad y la vida. Con la pregunta planteada se reduce a una prohibición
de la minería metálica, pero se deja fuera los territorios ancestrales, a los
pueblos originarios, las fuentes y vertientes de agua, con lo cual los
proyectos mega mineros seguirían vigentes.
En la
interrogante número dos de la Consulta Popular sobre el Yasuní, se ratifica la
continuidad de la política del gobierno actual como la del anterior; en lugar
de recoger la demanda para mantener intacto el Yasuní, simplemente se reduce el
área de explotación y aumenta la zona intangible, en definitiva el
extractivismo continúa.
Una vez
oficializada la Consulta Popular, con preguntas vagas para los intereses
sociales, la decisión pasa a manos de la Corte Constitucional, organismo que
debería aprobar la “consulta”, inmediatamente, pues consideran que son mínimos
los cambios planteados en las siete preguntas. Pachakutik, Conaie y su Bloque
de Asambleístas, con las demás organizaciones exigen que la Cote Constitucional
no pretenda obviar ninguna pregunta, en el afán de mantener la estructura del
correismo. Conjuntamente con el pueblo ecuatoriano nos acogemos al derecho a la
resistencia y estamos dispuestos a la movilización nacional, concluyeron.
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