Los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura acudieron al llamado de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde respondieron varias interrogantes.
Quito.- Ante la solicitud realizada por el asambleísta de Zamora Chinchipe, Elio Peña a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, acudieron a este llamado y explicaron cómo se ha estructurado el sistema de evaluación para la elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, así como las acciones disciplinarias y administrativas que se deben aplicar en este organismo, entre otras interrogantes que presentaron los legisladores.
El titular del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, dijo que la elección de los integrantes de la Judicatura definitiva, depende del envío de las ternas por las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de la Defensoría Pública y de la Fiscalía y que a su criterio no ve mayor inconveniente en la designación, en el menor tiempo posible; expuso que el proceso de evaluación de 39 jueces y conjueces está en marcha y que duraría entre 60 y 90 días, para lo cual se requerirá el apoyo de Naciones Unidas, de expertos internacionales y veeduría ciudadana.
Así mismo el funcionario exteriorizó que se han tomado cartas en el asunto a fin de evitar cualquier filtración, influencia, protección o contaminación en este proceso, informó que se están definiendo cómo se hará esta elección y los parámetros de evaluación, teniendo medidores técnicos en cuanto a puntajes sobre calidad, cantidad, transparencia y legitimidad de esta elección. El asambleísta Peña indicó que Contraloría General debe realizar exámenes especiales constantemente a los magistrados de la Corte designados y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, debe investigar los movimientos y la conducta económica de los magistrados, esto en el ámbito de la transparencia.
El asambleísta de Zamora Chinchipe, pidió a los representantes de la Judicatura mayor presencia en la construcción de los cambios a la Función Judicial, el Código de Procesos y otros que involucran la actuación de los operadores de justicia. Actualmente, el debate de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se orienta en las leyes extinción de dominio y las múltiples reformas al Código Orgánico Integral Penal, por lo que los comentarios del organismo son fundamentales, aseveró.
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