ASAMBLEÍSTA ELIO PEÑA BUSCA INSISTENTEMENTE RECURSOS PARA CULMINAR IV EJE VIAL.

Senplades dio prioridad para construir 4 puentes,Subsecretaría del Transporte, anuncia plazos para culminar rediseños de segundo tramo, ahora se busca recursos, informó Elio Peña.

 

Quito.- Elio Peña, asambleísta de Zamora Chinchipe, se reunió con el Economista David Totoy, Subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, para tratar sobre la culminación del IV Eje Vial, recibiendo la información de que se han dado prioridad para la construcción de puentes en el primer tramo, en los sectores, Quebrada Honda, Palanda, Agua Dulce, y Palanumá, en donde se tiene previsto invertir un monto total de $ 7´078.896 dólares en estas obras.

 

Además informó al legislador, que se han realizado las notificaciones correspondientes a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como a las Subsecretaría de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Egresos No Permanentes del Ministerio de Economía y Finanzas y a los Ministerios de Energía y Recursos No Renovables, para que se proceda a contratar la construcción de los 4 puentes que aún faltan en el tramo Vilcabamba, Palanda, Bellavista.

 

El legislador anunció que se dirigió una nueva carta con el apoyo de 40 asambleístas de diferentes provincias del país, al Presidente de la República, Lenín Moreno, para que se considere el financiamiento de la segunda etapa que comprende la construcción de 54 Kilómetros desde Bellavista, Zumba, La Balsa, en el presupuesto general del Estado del año 2019, con lo que se cumpliría el sueño de más de 100.000 habitantes de ambos lados de la frontera, con este objetivo también se ha visitado a Augusto Medina, titular de la Subsecretaría del Transporte del Ministerio de Obras Públicas, exigiendo se incluya los recursos para esta construcción en el próximo año, recibiendo noticias alentadoras.

 

Han transcurrido 20 años desde la firma de la paz entre Ecuador y Perú, y uno de los ofrecimiento fue la construcción de 5 ejes viales, se han concluido tres y el cuarto que une las provincias de Loja y Zamora Chinchipe de Ecuador, con las poblaciones amazónicas del Perú y que tienen conexión directa a través del Marañón con el  río Amazonas que desemboca en el océano Atlántico, no se ha ejecutado, causando subdesarrollo, desempleo, migración y pobreza en ambos lados de la frontera, por lo que el asambleísta Elio Peña, busca insistentemente, se incluyan recursos del estado en la culminación de esta obra binacional.   

PRESUNTO PECULADO LLEVA 7 AÑOS DE INVESTIGACIÓN.

El caso cobró vigencia luego de que Elio Peña, asambleísta de Zamora Chinchipe e integrante de la Comisión de Justicia, presentó una solicitud a la Fiscalía General del Estado: pide conocer si hubo o no impulso a la acción penal por el supuesto perjuicio millonario al Estado.

 

Quito.- Con base en 17 elementos de convicción, en 2011 se inició la instrucción fiscal contra un exministro y exvocales del BNF por la importación de harina y urea. Un total de 17 elementos de convicción encontró la Fiscalía General del Estado (FGE) en el presunto delito de peculado por las importaciones de fertilizantes y harina, así como por las compras y comercialización de arroz y maíz por el ex Banco Nacional de Fomento (BNF), en 2008. Pero, pese a los indicios penales hallados por FGE en 2011 y a la presunta afectación al Estado, el caso sigue en etapa de instrucción fiscal y los 6 exfuncionarios implicados aún no son procesados.

 

En la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reposa el proceso No. 082-2011, por el presunto delito de peculado en contra de Walter Poveda Ricaurte, exministro de Agricultura y exmiembro del Directorio del BNF; Galo Naula Zambrano, expresidente del Directorio; Marina Cumandá Centanaro Rodríguez, exgerente, y los exvocales del Directorio Rodrigo Mena Ramos, Jorge Fernando Olmedo y Jaime Rojas Rojas. Sobre la irregular importación, compra y venta de esos productos existe el informe del examen especial de Contraloría DAl-0065-2009, al período del 1 de marzo de 2007 al 31 de julio de 2008.

 

Contraloría analizó el proceso de adjudicación del contrato para adquirir 39.000 toneladas métricas de harina de trigo, a $528,22 la tonelada, por $ 20’600.588, a la empresa Cargill Sociedad Anónima Comercial e Industrial de Argentina, suscrito el 1 de abril de 2008. El lunes pasado, el caso cobró vigencia luego de que Elio Peña, asambleísta de Zamora e integrante de la Comisión de Justicia, presentó una solicitud a la FGE: pide conocer si hubo o no impulso a la acción penal por el supuesto perjuicio millonario al Estado. Incluso, pidió indagar la presunta inacción del exfiscal Galo Chiriboga. En el pedido, Peña dice que el 25 de enero de 2011 la FGE, por solicitud del entonces fiscal general (s) Alfredo Alvear, pidió a la CNJ llamar a audiencia de formulación de cargos, sustentándose en el informe de Contraloría.

 

Los Medios Públicos, basados en documentos a los que tuvieron acceso, confirmaron que tal audiencia fue el 25 de noviembre de 2011 en la Primera Sala Penal de la CNJ. La resolución de la FGE señala: “Al existir elementos de convicción suficientes para presumir la existencia del delito de peculado previsto y reprimido en el artículo 257 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, en esta fecha resuelvo dar inicio a la etapa de instrucción fiscal”. Allí constan 17 elementos que justifican y sustentan la imputación penal contra el exministro Poveda y otros implicados. El 25 de noviembre se cumplirán 7 años del inicio de la instrucción fiscal. Chiriboga cree que este proceso por peculado “debería continuar”, tomando en cuenta que FGE formuló cargos, lo cual es “fundamental”.

 

Los principales elementos La FGE sustentó el pedido del inicio de instrucción fiscal, entre otros documentos, con copia certificada del informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. También presentó la resolución que demostraría que el procedimiento fue “impropio, toda vez que el BNF al ser institución pública, debió sujetarse a las disposiciones de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y, por lo tanto, debió someterse a esa normativa y al reglamento”. Otro elemento resalta que “no se cumplieron las condiciones y procedimientos, pues no se contó previamente con las especificaciones mínimas de la harina, detectando que las gestiones de compra con la empresa Cargill se realizaron antes de que el Directorio resuelva el procedimiento a seguirse y declare la emergencia, sin un análisis de precios que permita comparar con el nacional, como se evidencia en la comunicación de 28 de enero de 2008, suscrita por la gerente general (e), Marina Cumandá Centanaro”.

 

Sobre la base de la Resolución del Directorio D-2008-0027, de 31 de enero de 2008, en la que se resolvió calificar como emergencia la contratación directa con Cargill, sin intervención de Asesoría Jurídica, se preparó el proyecto de contrato; se incumplieron 10 observaciones emitidas por Contraloría al proyecto de contrato; y se detectó que el contrato debidamente registrado se lo realizó con posterioridad a su ejecución: el producto objeto del contrato llegó el 28 de enero de 2008, es decir 33 días antes de la firma del mismo. Exgerente del BNF dice que Correa ordenó la adquisición. Por presunto delito de peculado deben responder el exministro de Agricultura, Walter Poveda; el extitular del Directorio del BNF (ente público que está en proceso de liquidación), Galo Naula Zambrano; la exgerente general (e), Marina Cumandá Centanaro Rodríguez; y los exvocales Jaime Rojas, Rodrigo Mena Ramos y Jorge Fernando Olmedo.

 

 Según consta en la resolución de la audiencia de formulación de cargos de la Fiscalía (del 25 de noviembre de 2011), Centanaro declaró que en su calidad gerente y en atención al Decreto Ejecutivo No. 867 dictado por el presidente, Rafael Correa, en el que disponía al BNF comprar harina para cubrir la demanda, solicitó al Directorio consultar por escrito a todos sus integrantes, quienes se pronunciaron favorablemente y resolvieron recomendarle a ella la declaratoria de emergencia para realizar la adquisición. Poveda adujo que la única información que tuvo con relación a la negociación para la compra de 39.000 toneladas de harina fue la carpeta facilitada por la Secretaría del BNF a los miembros del Directorio. Dijo que conoció que el Directorio efectuó solicitudes y procesos con la Contraloría para cumplir con la Ley y que jamás existió faltante en perjuicio del Estado, más bien un ahorro de $ 8’000.000.

 

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO.

ASAMBLEÍSTA EXIGE A MINISTRO SE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO 2019 LA EJECUCIÓN TOTAL DEL IV EJE VIAL.

Elio Peña anunció que el MTOP ejecutará en los próximos meses la construcción de 4 puentes en el primer tamo del IV eje vial, pero no hay respuestas de la construcción del segundo tramo.

Quito.- Con el objetivo de exigir se incluya en el presupuesto general del estado del año 2019, recursos para la culminación del IV Eje Vial en el tramo desde Bellavista, Zumba, hasta el puente internacional La Balsa, el legislador de Zamora Chinchipe, Elio Peña, abordó al Ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quien reiteró la necesidad que sufren los pueblos de la Amazonía sur del país, que han sido relegados por los gobiernos de turno, quienes no han cumplido con los compromisos de la firma de la paz entre Ecuador y Perú.

El asambleísta hizo un recuento de las gestiones que ha tenido que trajinar, "ha sido un año de golpear puertas a las diferentes carteras de estado, hemos mantenido reuniones en la Secretaría de Planificación, con su titular, José Augusto Briones, con el ministro de la Política, Paul Granda, con el mismo Ministro de Finanzas, Richard Martínez, conseguimos hacer un recorrido por el IV Eje Vial con Aurelio Hidalgo que en la actualidad es el Ministro de Obras Públicas, no hemos desmayado y tenemos noticias desde el MTOP, desde donde nos dieron la palabra que se construirán en este año 4 puentes que faltan en el primer tramo, pero aún no hay  respuestas sobre la construcción del segundo tramo", aseguró. 

Peña, del mismo modo informó que hará llegar un contundente pedido de que se incluya recursos en el presupuesto del Estado 2019, para ejecutar la segunda etapa de este eje vial, con el respaldo de un aproximado de 50 asambleístas de diferentes tiendas políticas, quienes han reafirmado su apoyo a la exigencia para que se termine esta obra de carácter binacional, que tiene 20 años de retraso y que comparando con la construcción de primer orden del lado peruano, es una verdadera vergüenza el carretero de cuarto orden que tenemos del lado ecuatoriano.

"Esperamos respuestas positivas del Presidente de la República, de no obtener los recursos en el Presupuesto del año 2019, el pueblo tomará acciones, nos hemos cansado de esperar una obra que se ha retrasado el progreso de nuestros pueblos, no hemos podido desarrollar en áreas como el turismo, el comercio y la ganadería porque no tenemos una vía adecuada, tenemos un gran potencial pero nuestra gente ha optado por no producir porque su productos no puede llegar a los mercado de ciudades grandes; esta historia tiene que cambiar, y lo conseguiremos con la lucha y la unidad de las autoridades y el pueblo", señaló Elio Peña.

LEGISLADOR EXIGE A MINISTRO DE TRABAJO PLANIFICAR PAGOS DE JUBILADOS.

Elio Peña, emplazó al Ministro de Trabajo, para que publique un cronograma de pagos a los jubilados, en el que conste el nombre y la fecha que se cancelará sus haberes.

Quito.- El Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, compareció a la Comisión Ocasional, que observa el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los Jubilados; Elio Peña, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, pidió se conforme una mesa de diálogo con los funcionarios del Ministerio de Trabajo, para solucionar al caso de los miles jubilados perjudicados con el acuerdo 094 y que no pudieron acogerse al beneficio del incentivo.

Además emplazó al titular de esta cartera de estado, para que se publique el cronograma de pagos a los jubilados, en el que conste el nombre y la fecha que se cancelará sus haberes; esto mitigará la incertidumbre de los ex funcionarios públicos; indicó que solo en Zamora Chinchipe, existen 136 retirados del magisterio, a quienes el estado les está pagando a cuenta gotas, muchos de los jubilados, padecen de enfermedades catastróficas, otros se mantienen con tratamientos médicos costoso, y necesiten se les dé solución a su justo reclamo.

El asambleísta reiteró ante el Ministro, las denuncias en contra de funcionarios públicos de determinadas entidades quienes a decir de los propios perjudicados, piden un porcentaje para concretar el pago de los incentivos económicos a los maestros que se acogen a la jubilación. “No se puede jugar con los intereses de quienes han servido a nuestra patria desde las funciones que las cumplieron por largos años, ha existido irresponsabilidad  del estado, esto debe quedar en el pasado y se debe dar soluciones urgentes", puntualizó.

Por otra parte el legislados se congratuló con la información vertida desde la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Educación a los medios de comunicación, desde donde se dio a conocer que en las próximas semanas, el Ministerio de Finanzas realizará la transferencia para el pago de incentivos a los maestros jubilados; se dice que será un total de 67 docentes jubilados pertenecientes a las provincias de Loja, Zamora y El Oro, quienes se beneficiarán de estos pagos, “esperamos que no sean medidas parciales y vamos a seguir luchar para que se les pague a todos”, afirmó Elio Peña.

ELIO PEÑA APOYA TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY ANTICORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE.

El legislador asegura que el tratamiento de estas propuestas, son respuesta al clamor popular que exige recuperar los recursos que el estado ha perdido por actos de corrupción.

 

Quito.- La Comisión de Justicia a la que pertenece el asambleísta Elio Peña, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, inició el tratamiento del proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante, siendo esta iniciativa del Presidente de la República y con el que se busca erradicar y combatir la corrupción en todas las instancias que conforman el sector público.

 

Este proyecto  de aprobarse, a decir del legislador da un paso importante, al pasar de la denuncia, a recuperar los recursos que se robaron los corruptos y reformaría las Leyes del Servicio Público, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico Integral Penal; según la propuesta, el Estado implementará procesos que le permitan evitar y sancionar los actos contra la administración pública, así como también asegurar la protección de quienes deciden informar y colaborar con información.

 

El asambleísta de zamorano chinchipense, aseguró que espera este proyecto de ley permita acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General del Estado para investigar delitos y pidió se invite al seno de la comisión a operadores de justicia y académicos, para que den sus aportes.

 

Así mismo insistió ante sus compañeros de comisión en la inclusión de temas que constan en el proyecto de Ley Anticorrupción que fue vetado totalmente por el Ejecutivo, como comiso y comiso en ausencia o de terceros, también pidió que se tome en cuenta la figura del comiso anticipado, en razón de que en otros países ha tenido gran eficacia y ha sido recomendado por expertos en este tema, aseguró.

 

El proyecto del Ejecutivo establece que quienes suministren datos, informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan en la investigación, podrá acceder a una compensación económica en proporción a los recursos económicos que el Estado lograre recuperar. También plantea que cuando un servidor público se convierta en informante y proporcione datos sobre actos de corrupción, podrá solicitar a la autoridad competente el traslado administrativo provisional a otro puesto de trabajo del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración.