El legislador asegura que el tratamiento de estas propuestas, son respuesta al clamor popular que exige recuperar los recursos que el estado ha perdido por actos de corrupción.
Quito.- La Comisión de Justicia a la que pertenece el asambleísta Elio Peña, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, inició el tratamiento del proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante, siendo esta iniciativa del Presidente de la República y con el que se busca erradicar y combatir la corrupción en todas las instancias que conforman el sector público.
Este proyecto de aprobarse, a decir del legislador da un paso importante, al pasar de la denuncia, a recuperar los recursos que se robaron los corruptos y reformaría las Leyes del Servicio Público, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico Integral Penal; según la propuesta, el Estado implementará procesos que le permitan evitar y sancionar los actos contra la administración pública, así como también asegurar la protección de quienes deciden informar y colaborar con información.
El asambleísta de zamorano chinchipense, aseguró que espera este proyecto de ley permita acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General del Estado para investigar delitos y pidió se invite al seno de la comisión a operadores de justicia y académicos, para que den sus aportes.
Así mismo insistió ante sus compañeros de comisión en la inclusión de temas que constan en el proyecto de Ley Anticorrupción que fue vetado totalmente por el Ejecutivo, como comiso y comiso en ausencia o de terceros, también pidió que se tome en cuenta la figura del comiso anticipado, en razón de que en otros países ha tenido gran eficacia y ha sido recomendado por expertos en este tema, aseguró.
El proyecto del Ejecutivo establece que quienes suministren datos, informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan en la investigación, podrá acceder a una compensación económica en proporción a los recursos económicos que el Estado lograre recuperar. También plantea que cuando un servidor público se convierta en informante y proporcione datos sobre actos de corrupción, podrá solicitar a la autoridad competente el traslado administrativo provisional a otro puesto de trabajo del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración.
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