Como parte de las pruebas de oficio, en el marco del procesamiento del juicio político a Christian Cruz, la Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, receptó las versiones de la consejera María Fernanda Rivadeneira, del Consejo Nacional Electoral, Automóvil Club del Ecuador (Aneta), Fundación Vista para Todos y Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).
María Rivadeneira, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), responsabilizó a Cruz de incumplimiento y arrogación de funciones, además de falta de probidad. Dijo que el 10 de octubre 2019 expidió dos reglamentos: de administración y control de parque automotor; y, de autorización, cálculo y pago de viáticos para movilización de funcionarios, lo que es competencia expresa del Pleno de la institución. Dichas disposiciones las anuló el 5 de diciembre, luego de 55 días de su vigencia, agregó.
También, indicó que el Presidente de la República, con fecha 4 de octubre de 2019, remitió la terna para la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, la cual el titular del Cpccs ocultó por ochos meses. Habló de irregularidades en la obtención del carné de discapacidad y de negarse, por varias ocasiones, en 2010, al requerimiento del Conadis de someterse a la evaluación y recalificación. Precisó que estas denuncias les ha puesto a consideración de la Fiscalía.
A criterio de Rivadeneira, este carné lo ha utilizado para la exoneración de impuestos y la adquisición de un vehículo de alta gama, entre otros beneficios. Pidió que la Asamblea censure y destituya a Christian Cruz.
Los comisionados se pronunciaron por cuantificar los supuestos perjuicios al Estado como consecuencia jurídica de la aplicación de los citados reglamentos internos y conocer si la Contraloría ha efectuado auditorías al respecto. Rechazaron las observaciones de Cruz a la legítima conformación de la actual Comisión de Fiscalización.
Malestar y nueva comparecencia
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no acudió a la mesa y se limitó a enviar un oficio de excusa, en el que puso de manifiesto que el concurso público de méritos y oposición para la integración del Consejo de Participación se dio entre 2009 y 2010, cuando dirigía el organismo Omar Simon.
Los parlamentarios calificaron este hecho como un despropósito e inaceptable, por lo que resolvieron, con 8 votos a favor, que la comparecencia de Atamaint sea este martes 29 de septiembre.
Examen psicosensométrico
Entre tanto, Gorki Obando, gerente General de Automóvil Club del Ecuador (Aneta), informó que el 2 de agosto de 2016, el ciudadano Christian Cruz rindió y pasó el examen psicosensométrico, que responde a parámetros internacionales, demostrando que estaba en perfectas condiciones para la renovación de la licencia profesional tipo E.
Descartó que se pueden adulterar o manipular los resultados de la evaluación sobre elementos de visión, audición, coordinación y reflejos. Una persona con discapacidad del 81 % sería imposible que pueda manejar un vehículo, más aún de transportación pesada, agregó.
Certificado
A su vez, Diego Benítez, principal de la Fundación Vista para Todos, aclaró que el 27 de octubre de 2009, a Christian Cruz se le entregó un certificado de un examen optométrico respecto de las medidas de su visión; la calificación y asignación del carné de discapacidad era responsabilidad del Conadis, que ahora lo ejecuta el Ministerio de Salud. En todo caso, aseveró que las medidas no eran altas como para obtener un carné de esa magnitud.
Conadis
Por último, Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), manifestó que la entidad colabora con la investigación que lleva adelante la Fiscalía, en torno de la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, en esa línea se ha hecho llegar la documentación especifica sobre Christian Cruz, pero hay que respetar la debida reserva de la etapa de indagación previa, acotó.
Enfatizó que Cruz desoyó los llamados a la recalificación de su carné por parte del Conadis. Sin embargo, hay que esperar que cumpla con su decisión voluntaria de sujetarse a este proceso en el Ministerio de Salud, puntualizó.
Reconoció que en 2009 no se contaba con equipos especializados para la evaluación y calificación de personas con discapacidad, especialmente audiometrías, por lo que se apoyaba en el trabajo de entidades no gubernamentales, como fundaciones.