SERVIDORES PÚBLICOS TENDRÁN PERMISO PARA ATENCIÓN MÉDICA POR EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO.

Elio Peña, apoyó este proyecto, que reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y crea condiciones que impiden limitar el acceso a la salud de las personas que laboran en el sector público.

Quito.- Con el fin de que los ciudadanos tengan una atención médica óptima y oportuna, los asambleístas aprobaron con 106 votos, el derecho a que los servidores públicos tendrán permiso para atención médica por el tiempo que sea necesario, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o validado por los Centros de Salud, lo informó Elio Peña, asambleísta de Zamora Chinchipe, quien apoyó esta iniciativa.

Estos permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones y sin que se le descuente de sus vacaciones. Para acceder a los mismos se tomará en cuenta, a más del tiempo que corresponda a la atención médica, el traslado desde su domicilio o puesto de trabajo hasta el centro de médico y el retorno a sus actividades normales, este proyecto, que reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y crea condiciones que impiden limitar el acceso a la salud y propicia el derecho a la salud de las personas que laboran en el sector.

Peña, indicó que estas reformas, han sido constantemente un clamor de los servidores públicos, quienes denunciaron que en muchos casos se quedaban sin días de descanso, por hacer uso del tiempo de atención médica, ya que se cargaba a sus vacaciones e inclusive a su remuneración, ahora, la norma prevé permiso por dos horas para atención médica, tiempo que no es suficiente, aseguró, sobre todo para los servidores públicos que se trasladan a centros médicos alejados de su residencia o lugar de trabajo.

El derecho a la salud es una garantía constitucional, y se articula con el derecho al trabajo, puesto que dentro del desarrollo de las diversas actividades laborales se debe asegurar que las mismas no vayan en menoscabo de la salud de las personas y de su vida, expresó el legislador que representa a Zamora Chinchipe en el debate, al tiempo que exigió su efectiva aplicación, por parte del estado que es quien generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos de los trabajadores, finalizó.